El pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y el chófer del bus en el que murieron calcinados 31 niños fueron enviados a prisión y enfrentan la petición de la fiscalía para que cumplan la pena máxima de 60 años, informaron sus abogados.
El conductor Jaime Gutiérrez, de 56 años, así como Manuel Ibarra, pastor de la iglesia (Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia unicitaria) a la que asistían los niños y quien contrató el autobús, fueron imputados "por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual ", explicó el abogado Mauricio Ramírez.
El accidente ocurrido el pasado domingo en la localidad de Fundación acabó con la vida de 31 niños que volvían de la escuela dominical en el autobús conducido por Gutiérrez, que no tenía permiso de conducir. Además, el vehículo circulaba en situación ilegal,incumpliendo la normativa vigente.
A todo ello se añade que se le acusa de haber actuado con negligencia al inyectar gasolina en el carburador del vehículo para intentar ponerlo en marcha.
Trece menores seguían sún hospitalizados el pasado martes. Mientras, sigue la identificación genética de los restos calcinados, un proceso que terminaría la semana próxima cuando las autoridades se comprometieron a entregar los cadáveres de los 31 niños a sus familiares.
RESPONSABLES PERO “SIN INTENCIÓN DE MATAR”
"Se trató de un comportamiento negligente y culposo, pero no con dolo. No se les puede igualar con criminales que buscaban matar", explicó la defensa, que rechazó la propuesta de la Fiscalía -en la audiencia que tuvo lugar el pasado viernes- pidiendo que sean juzgados por "homicidio culposo agravado", con una pena máxima 15 años.
Por otro lado, en el caso concreto del pastor de la iglesia - al que los medios identifican como evangélico, aunque se trata de una iglesia unicitaria - se da el hecho de que "la hija del pastor pereció calcinada en el bus. Él cometió una falta pero no se puede decir que buscaba hacer daño", dijeron los abogados, explicando que ahora entrarán en una negociación con la Fiscalía para que Ibarra y Gutiérrez "acepten su responsabilidad de una manera proporcionada" y "no bajo la presión mediática".
Los abogados pidieron también que los detenidos sean llevados a una cárcel en la que se les garantice su integridad física, ante versiones de que allegados a los niños fallecidos buscarían atentar contra ellos.
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